Monforte del Cid: La defensa del regadío une a la provincia

Información(22 Julio 2011):

El Consell, PSOE, PP, Asaja y La Unió confirman su asistencia al acto de mañana para evitar la supresión del riego en 18.000 hectáreas

PÉREZ GIL

El llamamiento público realizado por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja para participar en el acto reivindicativo en defensa del agua y el empleo fijado para mañana en Monforte del Cid ha generado un aluvión de adhesiones. Dirigentes de los dos principales partidos de la Comunidad Valenciana -PP y PSOE- así como de los sindicatos agrarios más representativos -Asaja y La Unió- han confirmado su asistencia a la protesta junto al presidente de las Cortes, la consellera de Agricultura, la presidenta de la Diputación y los alcaldes y responsables de las comunidades de regantes de los 37 municipios afectados, entre otros representantes de diferentes estamentos de la sociedad civil alicantina y también valenciana.
La lectura del manifiesto y la recogida de firmas que arranca formalmente este sábado, a las 12 horas en el Auditorio Municipal de Monforte bajo el lema "En defensa del agua y el empleo en el Vinalopó-Alacantí. No a la eliminación de 18.000 hectáreas de regadío", viene motivado por el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, actualmente en fase de revisión y en cuyo texto la Confederación Hidrográfica -que depende del Ministerio de Medio Ambiente- no contempla las 18.000 hectáreas de regadío que actualmente se cultivan en el Vinalopó y L'Alacantí, ni tampoco tiene en cuenta las demandas reales de los cultivos de estas comarcas.
La Junta Central de Usuarios que preside Andrés Martínez considera que, de aprobarse el texto en estos términos, podrían perderse 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos con grandes afecciones al medio ambiente y a la economía de la zona afectada, que llega a calcular en 11.000 millones de euros en los próximos 50 años por las pérdidas del lucro cesante, 540 millones por las infraestructuras hídricas y 1.000 millones por las pérdidas patrimoniales.
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