Cajón de Naturaleza

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El consejo de administración de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha adjudicado el contrato para la operación y mantenimiento de las infraestructuras de la conducción Júcar-Vanalopó, en Valencia y Alicante, a la UTE integrada por AQUAGEST LEVANTE, S.A., AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.y AQUALOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A..
El importe de adjudicación ha sido de 1,1 millones de euros, lo que supone una baja del 18% sobre el presupuesto máximo de licitación, y plazo previsto de ejecución es de 12 meses.

Diario Información, Alicante, 05 juny 2012:


SYLVIA ESCRIBANO
 La nueva contrata de zonas verdes dispondrá de un equipo especializado para controlar la plaga del picudo rojo en el término municipal y atajar su expansión. Esta es una de las novedades que incluye la contrata que la Junta de Gobierno Local adjudicó ayer a Viveros Albatera para los próximos cuatro años por 14,4 millones de euros más IVA (17 millones en total). El contrato incluye también la obligación de la empresa de mantener otros 250.000 metros cuadrados más de zonas verdes que se han creado en los últimos años y cuyo mantenimiento venía facturándose al Ayuntamiento como gastos extraordinarios. De esta forma, desde la Concejalía de Atención Urbana aseveran que el nuevo contrato no generará sobrecostes para las arcas municipales.

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 La Comisión Europea presentaba la semana pasada el "documento Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de ESPAÑA para 2012" [descargar pdf].


Este documento de trabajo de los servicios de la Comisión evalúa el estado de aplicación en España de las recomendaciones dirigidas al país en 2011 y del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento relativo a 2012, determina los actuales retos de la economía española y, sobre esta base, examina la política económica del país.
Entre los aspectos analizados, destacan dos importantes referencias a la política medioambiental en general y a la política del agua en particular, que reseñamos a continuación:


Sistema tributario (Página 15)
Los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales (en porcentaje del PIB) fueron los más bajos de la UE en 2010. Existe una amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones perjudiciales para el medio ambiente.
También hay margen de maniobra para aumentos de los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina sin plomo y gasóleo). España está elaborando un Plan Estratégico Plurianual 2013-2018 para el sector del carbón, que aún está pendiente de publicación. Se prevé que dicho Plan Estratégico incluya detalles sobre la forma en que España se propone reducir gradualmente hasta suprimir las ayudas a la producción de carbón y cerrar las minas de carbón de aquí a 2018. Unos instrumentos económicos para la gestión de residuos que aumenten el atractivo de la prevención y el reciclado y contribuyan a cubrir los costes de recogida, selección y reciclado representarán medidas tributarias favorables al crecimiento alternativas y podrán contribuir a la sostenibilidad de las haciendas públicas locales. Lo mismo puede decirse de las tarifas pagadas por el consumo de agua, que son de las más bajas de la UE. En particular, algunas políticas regionales de tarificación del agua ofrecen a los agricultores pocos incentivos para reducir su consumo de agua en regadío.


Energía, transporte, infraestructuras y medio ambiente (Página 27)
España afronta importantes retos en las áreas de gestión del agua y de los residuos y contaminación atmosférica. Aunque algunas zonas de España están sufriendo escasez de agua, no existen incentivos suficientes para su utilización eficiente, lo que causa una utilización insostenible de este recurso. En particular, el Gobierno español aún no ha contraído un compromiso claro de reforma del mercado de concesiones en el sector del agua con objeto de abordar de forma concreta las ineficiencias mencionadas.
En España son objeto de vertido más del 50% de los residuos municipales, no habiéndose aprovechado suficientemente las actividades de prevención y reciclado. Una aplicación plena de la legislación existente podría crear más de 54.000 puestos de trabajo y aumentar el volumen de negocios anual del sector de residuos en aproximadamente 5 700 millones de euros, reduciendo al mismo tiempo las emisiones globales directas e indirectas de gases de efecto invernadero en 3,5 puntos porcentuales, hasta el 6,1% en 2020. La política medioambiental se pasa por alto en el programa nacional de reforma y España sigue retrasada respecto de otros países de la UE en la aplicación de la legislación medioambiental.